Nicolás Maduro es un presidente tan obrero que siguen los despidos a los funcionarios públicos por firmar en apoyo al referendo revocatorio, algo que es un derecho democrático y constitucional. En teoría, se dice que en Venezuela sí hay democracia, pero ¿y en la práctica?
Al abogado Ramón Salas le notificaron el 17 de junio a la 1:00 de la tarde que fue destituido de su cargo en el Seniat por haber firmado. Se desempeñaba como especialista administrativo de grado 15 en la división jurídica tributaria del organismo y llevaba 15 años en funciones. El Nacional recogió su testimonio.
Foto: Archivo.
Salas tiene una especialización en Derecho Administrativo y Tributario, estudió ingles británico y portugués brasileño en notables centros educativos y publicó alrededor de 20 trabajos en el ente estatal en materia de Derecho Tributario. Sin embargo, el Estado le pagó entregándole la misma notificación de destitución que recibieron otras 280 personas aproximadamente en el Seniat.
“A pesar de que soy funcionario de carrera me remueven del cargo como si fuera funcionario de libre nombramiento y remoción. Este acto es ilegal, inconstitucional, arbitrario y totalitario (…) No se trata de si uno firmo o no, solo ejercimos un derecho contemplado en la Constitución”, denunció Salas.
Esa tarde se le acercó una funcionaria y le pidió que firmara el documento como recibido. “’Entrégueme el carnet‘, me dijo. 15 años que de pronto se te van simbólicamente entregando la credencial”, lamentó.
Sobre el responsable de tomar la decisión comentó: “La firma que se ve en la notificación es de José David Cabello Rondón, superintendente del Seniat y hermano del diputado Diosdado Cabello Rondón (…) En mi familia están claros en que no cometí ningún delito, pero más que esto, los responsables de que mi papá no tenga cobertura médica son el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el superintendente”.
Para Salas, se trata de un abuso de poder, por lo que irá a tribunales y, aunque no tenga una respuesta inmediata, acotó que quedará la sanción moral sobre los funcionarios.
“La Constitución establece que el ejercicio de la administración pública está apartado del proselitismo político. Yo soy funcionario del Estado no del PSUV (…) nunca hice proselitismo político, siempre me he debido al Estado”, añadió.
El abogado envió un mensaje a sus ex compañeros de trabajo: “Les digo que no me tengan lástima ni se atemoricen por lo que me sucedió, todos los compañeros que estamos en esta situación sabíamos lo que hacíamos, ninguno es un traidor ni un contrarrevolucionario”.
Con información de El Nacional
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