La situación de los ancianos venezolanos que residen fuera de su país se ha complicado con la administración de Nicolás Maduro, publica Diario de las Américas.
Los venezolanos que acumularon más de 750 cotizaciones (aportes semanales) al seguro social -que se logra en un promedio de 15 años de trabajo- y que superan los 55 años de edad en el caso de las mujeres y los 60, en el caso de los caballeros, tienen derecho a la pensión de vejez. Cuentan con un pago que fue nivelado
Por la gestión del entonces presidente Hugo Chávez, el pago fue nivelado al salario mínimo en Venezuela (5.622,48 bolívares). Al cambio oficial, el equivalente mensual que perciben los jubilados y pensionados que residen en el país equivale a 30 dólares. A los pensionados en el exterior, no obstante, se le paga en divisa estadounidense -a un tipo de cambio preferencial para ellos de 6,30 bolívares por dólar- lo que equivale a 890 dólares al mes.
No es de extrañar que algunos adultos mayores hayan decidido, a pesar de la edad, probar suerte en otras latitudes, especialmente por la reciente situación de Venezuela, aquejada por la escasez de alimentos, la inseguridad y una inflación que superó el 60% el año 2014.
DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó a un apoderada de varios de esos pensionados y descubrió el vía crucis burocrático que atraviesan quienes trabajaron la mejor época de su vida en el país suramericano y que decidieron pasar la fase de mayor fragilidad en otra nación. Para proteger su identidad la llamamos “Lucero”.
Retraso inaudito para los ancianos
“Lucero” denuncia que en 2014 los pensionados en el exterior tuvieron un retraso inaudito que hizo a más de uno pasar hambre. “La demora que están teniendo en la gestión de las solicitudes de los pensionados es uno de los obstáculos del cobro. Ahora es que están saliendo las pensiones que corresponden al primer semestre de 2014. Sólo unas pocas de las que se han tramitado del segundo semestre han sido aprobadas y mucho menos transferidas”, cuenta.
“Se está demorando unos cuatro meses para aprobarlas y también unos tres o cuatro meses para mandarlas”, señala Lucero.
“Conozco el caso de una persona que está completamente sola. Ella se nacionalizó venezolana, pero regresó a su país. No tiene familiares de ningún tipo en su Colombia natal. Debido al retraso en el pago, fue demandada por el condominio de su edificio y tiene riesgos de perder su apartamento”, señaló “Lucero”
¿Cómo es posible que haya un trámite para la aprobación y otro para la transferencia de los recursos? ¿Cómo han sido víctima los pensionados y jubilados venezolanos en el exterior, de un nuevo marco de exclusión burocrática en la gestión de Maduro?
Dos organismos para lo mismo en distintas fases: trampas burocráticas en el pago de pensiones
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales define como “pensionado que vive en el exterior” a una persona que “ha sido pensionado bajo la Ley del Seguro Social en Venezuela y por razones circunstanciales ha fijado su residencia fuera del país”. El sitio web también arroja las primeras tareas que debe cumplir la persona para el cobro: aparte de recaudar documentos como fe de vida legalizada en consulado, documentos de identidad, entre otros; es preciso que nombre a un autorizado, con poder notariado y legalizado, para efectuar las gestiones.
Citando el sitio de internet del organismo, comienza a avizorarse uno de los complejos temas que reviste el asunto del cobro para quienes están fuera del país: “Los reclamos formulados por los pensionados del IVSS serán tramitados en oficinas administrativas a nivel nacional”, es decir, en el país. ¿Qué sucede cuando comienzan a retrasarse o suscitarse trabas para el pensionado? Pues los apoderados, en la medida de lo posible, las sortean, perdiendo horas en colas y desplazándose a distintas oficinas, en distintos días, según sea el caso y la norma.
Por ejemplo, una de esas trabas es que los reclamos se hacen entre dos instituciones, pues el pago de estas pensiones en el exterior se hace en dólares y entonces, la hace un organismo que se ocupa de materia cambiaria. En la gestión de Hugo Chávez, con el control cambiario, la hacía la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). “Uno presentaba la solicitud y en tres semanas eso ya estaba aprobado y enviado”, comenta “Lucero”.
De la mano de los cambios políticos y económicos comenzaron los retrasos “hace más o menos un año”, destaca Lucero. La administración de Maduro eliminó CADIVI y le dio las competencias del pago a pensionados al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Este ente también exige requisitos personales al pensionado y jubilado y coloca otras prerrogativas que distancia los pagos. “El argumento ha sido siempre que la normativa de CENCOEX ellos tienen de 120 días hasta 180 días para aprobar los pagos en dólares. Te dicen que eso está dentro de la normativa”, acota “Lucero”.
La arbitrariedad burocrática en su máxima expresión
Para los apoderados de los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior, la tarea no es sencilla. Ellos se encargan de tramitar las solicitudes y reclamos. Pero, destaca “Lucero”, los requisitos y los turnos de atención en las oficinas de los Seguros Sociales, varían a discreción, con normas al antojo de la política de cada sede.
“Tenemos el caso por ejemplo de la oficina de Chacao, al este de la capital del país, que atiende por el terminal de cédula del pensionado. Por ejemplo, el lunes atiende las solicitudes de los pensionados cuyas cédulas terminen en 1 y 2. También ponen allí otro inconveniente y es que no aceptan al mismo apoderado tramitar más de dos autorizaciones por persona al mes. Entonces, si vas para cobrar por tres personas, no puedes tramitarlas en el mismo mes. La oficina de Parque Central aplica otra norma, por ejemplo, la más complicada de todas. Exigen que las cédula del pensionado esté vigente”, dice “Lucero”.
“Tenemos casos, como la de pensionados en Australia, muy ancianos, enfermos, imagínense ustedes si se van a venir en un viaje que se gasta tres días, más el costo que eso representa para venir a sacar una cédula. Y ellos, en esa oficina que atiende para las personas que residen en el municipio Libertador, se niegan a entregar a la gente las pensiones sin cédulas vigentes. Lo cual se agrava porque los consulados en el exterior no emiten cédulas de identidad. Eso es un trámite que solo es posible hacer en Venezuela”, destaca Lucero.
Lo contradicción se dispara, cuando, por ejemplo, una persona cede a este requisito y visita al país para sacarse la cédula, entonces le suspenden el pago de la pensión en dólares, por haber pisado tierra venezolana, por un lapso corto, digamos 10 días. Eso le pasó a uno de los pensionados que representa “Lucero”, quien tuvo que arrancar con toda la documentación, para la renovación a discreción de sus pagos.
La situación empeora en Miami
En Miami los costos burocráticos suben, por la desaparición del Consulado.
A pesar de la fuerte presencia de venezolanos en Florida, especialmente en Miami, los pensionados y jubilados venezolanos en esa entidad no pueden acceder a servicios consulares y entonces deben pagar a gestores para acumular los requisitos para el cobro de sus pensiones. En 2012, Chávez mandó a cerrar esta oficina.
“Es costoso el trámite que hay que pagar a una oficina privada para mandar a apostillar los documentos. A veces tiene que pagar hasta 40 dólares por trámite. La persona que es notario en esa oficina certifica que la persona está viva. Le gestionan la fe de vida o el registro consular que es lo que más está pidiendo CENCOEX. Es la opción a la que apelan, pues el consulado venezolano más cercano está en New Orleans, un viaje en avión de dos horas y media, que les costaría alrededor de 300 dólares solo en pasaje”, destaca “Lucero”.
Las facilidades para los ancianos en el exterior ofrecidas por Chávez terminaron con el régimen de Maduro. Muchos pensarán volver, ante las presiones económicas de sus lugares de residencia. Algunos, los que puedan, preferirán trabajar de nuevo, en países que ofrezcan oficios a personas en el otoño de su vida, para evitar retornar a una Venezuela con escasez, pobreza, inestabilidad política e inseguridad personal.