Maduro solicitó poderes especiales a través de una nueva Habilitante, con la excusa de poder enfrentar la «amenaza» que supone Estados Unidos para el país, tras haber sancionado a 7 funcionarios del gobierno por «violar reiteradamente los Derechos Humanos».
Sin embargo, expertos estiman que estas no son las únicas medidas que tomará el Ejecutivo, sino que este instrumento será utilizado para perfeccionar el control político interno de Venezuela y aumentar las medidas de represión, así como un posible aumento de la persecución a la oposición.
Si se revisa el documento de solicitud de poderes especiales, de 10 páginas, destacan los siguientes objetivos: “La defensa jurídica ante los efectos perniciosos de la injerencia extranjera; reforzar la economía del país ante los agentes perpetradores como causantes (sic) de la guerra económica; regular cualquier intervencionismo que altere el orden social, económico y político”.
También se busca crear “normativas dirigidas al establecimiento administrativo o judicial, conforme con el orden constitucional, de las responsabilidades civiles, administrativas y penales de todos los que hayan incurrido o incurran en ilícitos que hayan afectado o afecten el patrimonio de la República, el orden constitucional y los derechos humanos, así como la seguridad alimentaria, energética, ambiental y el ejercicio de los derechos”.
¿Prepara el gobierno más represión? Ya el presidente Nicolás Maduro advirtió que hará frente a “quintas columnas” que hacen trabajos de socavamiento interno para justificar una agresión a Venezuela.
El diputado Homero Ruiz (Copei) afirmó que la habilitante podría convertirse en una nueva herramienta para la persecución política y la represión contra adversarios.
“Con Hugo Chávez siempre pasó: en 2012 modificó el Código Orgánico Procesal Penal con la habilitante”, recordó.
Agregó que desde 1926 el Código Penal, artículo 132, establece que cualquiera que conspire dentro o fuera de Venezuela para destruir la forma republicana será castigado con pena de 8 a 16 años de prisión.
Otro aspecto clave que motivó la habilitante es la consolidación de un ordenamiento jurídico antiimperialista. El lenguaje guarda similitudes con la Constitución de Cuba, que en el artículo 120 “condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos”. También califica de delito internacional la “guerra de agresión y conquista”.
Para combatir al imperialismo no hacen falta leyes, aclaró el especialista en derecho internacional Héctor Faúndez. “No se necesita una ley para sacar a los cubanos que están en posiciones estratégicas en el gobierno de Venezuela. La habilitante es un pretexto, se aprovecha la circunstancia para que la ciudadanía se olvide de los problemas nacionales, para cohesionar a sus seguidores”, señaló.
Con información de El Nacional.