Felipe González, expresidente del Gobierno español y socialista, será a partir de ahora uno de los encargados de la defensa de Leopoldo López, quien se encuentra en prisión desde hace más de un año, y del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma quien fue detenido por agentes del Sebin en el pasado mes de febrero.
González aseguró haber tomado esta decisión debido al creciente deterioro de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados, presos en la cárcel militar de Ramo Verde. La iniciativa del político español, según ha sabido el diario El País, pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los Gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista/madurista.
Instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur han fracasado hasta ahora en su intento de mediar en la crisis política venezolana. Caracas tampoco ha atendido las reclamaciones para que libere a los presos políticos formuladas en las últimas semanas por la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá y Colombia así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht, entre otros.
El propio Felipe González, quien mantiene una profunda relación con Venezuela desde los años ochenta, expresaba el pasado domingo en una entrevista con este periódico su preocupación por el actual “descenso en la defensa del funcionamiento de la democracia en América Latina” y abogaba por un “diálogo serio” entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.
“Y parte del diálogo es que no se puede detener a los representantes políticos. El presidente Maduro dice que allí no hay presos políticos sino políticos presos; yo diría que hay políticos presos por ser políticos”, afirmaba.
Desde entonces, la situación política, social y económica de Venezuela no ha dejado de deteriorarse. A la más alta inflación del mundo, que ronda el 70%, las reiteradas devaluaciones del bolívar, la escasez de alimentos básicos y medicinas y el aumento de la inseguridad ciudadana se han sumado el endurecimiento del Gobierno de Maduro contra la oposición —el Ejército ha sido autorizado, contraviniendo la Constitución, a disparar contra los manifestantes— y la prensa independiente.
Con información de El País.