El partido Copei se une al plan para recolectar firmas que serán enviadas al Papa Francisco, en aras de que interceda ante el Gobierno nacional, para que se le otorgue la medida humanitaria al ex comisario Iván Simonovis. Lysaris Marrero, presidenta del Frente Femenino de Copei, manifestó que en el país no hay separación de poderes, en referencia a la reiterada negativa de la medida humanitaria.
«En ningún momento fue juzgado por crimines de lesa humanidad (…) sino que simplemente las leyes que lo apresaron, lo juzgaron y condenaron sí contemplan la medida humanitaria».
Aseguró que el comisario padece 19 patologías y la jueza se ha pronunciado haciendo mención a cinco de ellas. «Hacemos un llamado a la jueza, permítanle a Simonovis morir con su familia, que no muera en los calabozos de Ramo Verde».
«Solamente con una de las 19 patologías que el padece, como es la osteoporosis, que tiene una osamenta equivalente a hombre de más de 80 años, así sea amarrándose los zapatos puede sufrir de una fractura de columna, ya ha tenido dos fisuras a nivel cervical y lumbar (…) una fractura en esos niveles significa que puede morir inmediatamente por un trombo embolismo que se desprende del núcleo de la fractura».
Por su parte, Armando Arratia, miembro de la Dirección Nacional de Copei y presidente de la Fracción de Abogados Social Cristianos, indicó que el juicio que se le inició al dirigente Leopoldo López tiene connotaciones de nulidad absoluta, porque los elementos de convicción que han sido aportados al juicio son elementos que no constituyen delito probatorio. «Solamente existen diferencias de pensamiento distintas a las del Gobierno».
Asimismo, sostuvo que todos los juicios contra los estudiantes y manifestantes son nulos. Agregó que los procesos judiciales que fueron iniciados en distintas locaciones como pasillos de autobuses, guarniciones militares, entre otros; son centros no idóneos para la instrumentación de un proceso y que el Código Orgánico Procesal Penal declara su nulidad, así como a las declaraciones tomadas pasadas las seis de la tarde. «La Fiscal General de la República, los fiscales, así como los jueces que hayan instaurados estos procesos y hayan convalidado estas acciones son responsables civil, penal y administrativamente de las consecuencias que se deriven», reseñó el portal del diario El Universal.
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