Pareciera que mandatarios afectos al gobierno post Chávez quieren seguir el mismo libreto. Esta vez, Rafael Correa, actual presidente de Ecuador, denunció este sábado el desarrollo de un supuesto «plan desestabilizador» por parte de la derecha nacional e internacional en contra de su administración y las de otros gobiernos de la región.
“Hay una restauración conservadora articulada nacional e internacionalmente en medios de comunicación, en redes. Miren el caso contra el gobierno de Ecuador, contra el gobierno venezolano, argentino, brasileño. Miren lo que le están haciendo a Cristina (Fernández), Dilma (Rousseff) y por ahí las intenciones son privatizar Petrobras. Hay que estar muy atentos, compañeros”, manifestó el mandatario ecuatoriano, durante la presentación de su informe semanal de labores, refiere la agencia de noticias Andes.
En declaraciones a la prensa, el presidente Correa ha señalado que este proceso de restauración conservadora es orquestada por sectores de derecha de América Latina y países hegemónicos, así reseña Globovisión.
En Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció un nuevo intento de golpe de Estado «en contra de su gobierno legítimo y del pueblo», en el que aseguran «están involucrados oficiales de la Aviación Militar y civiles, con respaldo de Washington» pero no existen aún pruebas que lo confirmen.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, también dice ser víctima de un «nuevo intento de desestabilización por medio de instancias jurídicas».
El fiscal federal de esta nación, Gerardo Pollicita, decidió dar curso a una investigación a partir de la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman, quien murió el 18 de enero pasado, en contra de la presidenta Fernández, por presunto encubrimiento al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ocurrida en 1994, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Ante este escenario, el Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) indicó a través de un comunicado difundido el miércoles pasado: “El Gobierno constitucional de la presidenta Cristina Fernández se enfrenta a un ‘golpe de Estado blando’.
En Brasil, un grupo de congresistas y periodistas de derecha han planteado la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por supuestamente no haber impedido actos de corrupción y evasión de divisas, presuntamente cometidos cuando fue funcionaria de la petrolera estatal Petrobras, durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva
La mandataria ha señalado que acabará con la impunidad y ha pedido una investigación transparente y objetiva de este esquema de desvío de fondos, lo que llevó al arresto de 21 empresarios en los territorios de Paraná, Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco y Brasilia.
Por estos hechos han sido embargados 270 millones de reales (104 millones de dólares) en bienes.