Las restricciones de la libertad de expresión destacan como asunto prioritario en el debate que se llevará a cabo en Ginebra. El Estado asegura que ha promovido la democratización de los medios, reseña el diario El Nacional en su portal web.
La demanda por difamación agravada continuada interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra 22 directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual será parte de la interpelación que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hará mañana a los representantes del Estado venezolano que acudirán a Ginebra para rendir cuentas sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país.
Aunque la lista de preguntas fue elaborada en noviembre de 2014 por los expertos que integran el Comité y la demanda de Cabello se formalizó el 25 de abril, las ONG Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reportaron la querella en sendos informes alternativos que presentaron ante la ONU. Destacan la gravedad de que el 5 de mayo la jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, haya decretado la prohibición de salida del país y presentación periódica ante su tribunal contra los 22 demandados sin siquiera haberlos notificado.
«La aplicación de este tipo de medidas cautelares implica una aplicación anticipada de una pena sin agotar el debido proceso. La demanda se aplica selectivamente a estos tres medios venezolanos, con una conocida posición crítica, a pesar de que la información fue reproducida en otros medios venezolanos», indica Espacio Público. Recuerda que la acción judicial se fundamenta en la reproducción de las informaciones publicadas por el diario español ABC, a través de las cuales se reseñaron los señalamientos de Leamsy Salazar, ex escolta de Cabello, sobre la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional con el tráfico internacional de drogas.
IPYS agrega a ello que entre 2005 y 2014 se registraron 42 procedimientos y decisiones judiciales por el ejercicio de la libertad de expresión: «Estas demandas e imputaciones penales se intensificaron a partir de abril de 2013, justamente cuando asumió la Presidencia de la República Nicolás Maduro abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y meses posteriores al fallecimiento de Hugo Chávez. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, entre los años 2013 y 2014 se registraron 20 procedimientos judiciales, cifra que comprende 48% del total de casos ocurridos en los últimos 10 años (2005-2014)».
A pesar de que la penalización de las expresiones referidas a altos funcionarios es contraria a los estándares internacionales, el Estado alegó: «Respecto a las disposiciones del Código Penal que tipifican el delito de difamación, en ningún caso coliden con el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión que disfrutan todos los ciudadanos día a día.
En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la carta magna, a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución, en su sentencia N° 1942 del 15 de julio de 2003, determinó la constitucionalidad de los artículos del Código Penal sobre esta materia».
La escasez de papel también fue denunciada por las ONG.
«Desde el segundo semestre del año 2013 los diarios vienen denunciando restricciones para comprar el papel necesario para imprimir. En un primer momento no aprobaban las divisas para la importación, luego la empresa estatal Corporación Maneiro monopoliza la importación y venta del papel prensa. A consecuencia de ello al menos diez diarios independientes o críticos denunciaron que no les suministran papel, otros han reducido el número de ediciones y páginas, mientras que otros desaparecieron», indicó Espacio Público.
El mapa de medios
En sus respuestas a la ONU el Estado no se refirió a la hegemonía comunicacional, explícitamente pretendida, al menos desde 2007, por boca del ex ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra. Por el contrario, indicó que «los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión».
El gobierno aseguró que en 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público y que en 2012 estas cifras casi se duplicaron y existen 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En cuanto a la televisión, afirmó que ese año tenían señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público, mientras que en 2012 las cifras casi llegaron al doble, pues operaban 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias.
IPYS, sin embargo, considera que el sistema de medios en Venezuela está desequilibrado: «La cifra que presentó ante la ONU refleja la creación de 1.225 medios alternativos y comunitarios, que están bajo la tutela gubernamental, lo que compromete su independencia económica y la libertad de sus líneas editoriales.
Para difundir de manera sistemática sus mensajes gubernamentales, muchos de ellos con mensajes agraviantes, el gobierno venezolano, además, se ha aprovechado de la plataforma de medios comunitarios y estatales, gran parte de ellos agrupados en el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, que hasta 2014 se definía como un `ejército comunicacional de toda la revolución bolivariana’, en el que se destacaban los intereses de las fuerzas oficialistas lideradas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Esto demuestra la ausencia de pluralidad, libertad y autonomía que tiene el sistema de medios estatales, comunitarios y privados de Venezuela».
El Instituto Prensa y Sociedad expuso más especificidades del caso venezolano: «Otra de las formas sutiles en las que se ha impuesto la censura y la autocensura en Venezuela es a través del cambio de propiedad de los medios de comunicación y el giro en sus líneas editoriales, situación en la que además han comprometido su autonomía para favorecer los intereses gubernamentales».
La ONU preguntó sobre las medidas para proteger la integridad física de los defensores de derechos humanos y periodistas. Sobre el particular, el Estado respondió: «Las organizaciones y movimientos sociales dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, cuentan con el pleno respaldo de las instituciones del Estado venezolano, con las limitaciones al ejercicio de sus actividades establecidas en la Constitución y las leyes. Hasta el presente ningún medio de comunicación ha sufrido censura; y ningún periodista ha sido menoscabado en sus derechos, ni en ninguna forma, en el ejercicio de sus labores».
El reporte oficial indica que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público están dispuestos a tramitar las denuncias sobre agresiones a periodistas, pero nada dice sobre el resultado de las que se han formulado. Las ONG sí recordaron que la mayoría de las violaciones ocurridas en los últimos 16 años permanecen impunes.