Las denuncias formuladas ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que involucran a funcionarios de oposición son atendidas con mayor prontitud, mientras se retarda la investigación de funcionarios del PSUV, advierten parlamentarios. Esto contrasta con lo señalado por la contralora encargada, Adelina González, que aseguró que la mayoría de los casos de corrupción están en el Gobierno. “Una comisión tan importante debe darle más celeridad a todo a los casos de corrupción por igual, sobre todo aquellos en los que se encuentra seriamente comprometido el patrimonio nacional”, dijo el diputado Abelardo Díaz (Copei).
Entre ellos mencionó el de la cementera Cerro Azul, presentado en 2011 a la instancia parlamentaria, y el de Minerven, que también lleva años en investigación. Entretanto, casos como los del ex gobernador Pablo Pérez; del gobernador de Lara, Henri Falcón, y del ex diputado Richard Mardo, se encuentran bastante adelantados.
La Comisión de Contraloría ha cerrado 73 de los 184 expedientes pendientes desde años anteriores; es decir, ha decidido sobre menos de la mitad.
La información oficial señala que para el primer período legislativo, que termina en agosto, Contraloría debe elaborar 101 informes, que representan 55% de su meta. Sin embargo, solo queda mes y medio para decidir sobre 28 casos.
La mayor parte de los expedientes presentados son rechazados porque no se cuenta con pruebas suficientes de daño patrimonial o debido a que no son competencia de la instancia parlamentaria. Solo el miércoles decidieron sobre 16 casos presentados por la diputada Nancy Ascensio. Todos los expedientes fueron cerrados por mayoría oficialista.
El diputado Jesús Montilla (PSUV), vicepresidente de la comisión, indicó que las subcomisiones buscan resolver primero los casos sencillos. “Los más complicados demoran más”, dijo. Entre ellos mencionó el de Cerro Azul, del cual ya se había elaborado un expediente que no estaba acompañado de la determinación de responsabilidad política.
Las nuevas visitas planificadas este año habían tenido que posponerse, en una ocasión por falta de viáticos. La última fue aplazada para el día siguiente de la comparecencia de Pablo Pérez, el 6 de agosto.
Caso Cadivi
Díaz considera que la Comisión de Contraloría tiene la facultad de investigar los casos de corrupción del desfalco a Cadivi por más de 20 millardos de dólares.
Sin embargo, Montilla señaló que no es competencia de esa instancia, sino de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por Parte del Estado Venezolano y su Correcto Uso, integrada por los diputados del PSUV Ricardo Sanguino y Jesús Faría; la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; el general en jefe Vladimir Padrino López y Gustavo Hernández Jiménez, que presidía el Bandes.
Esa comisión debía presentar en febrero el primer informe oficial, pero han transcurrido casi seis meses desde que fue creada y todavía no han emitido información alguna, reseñó el portal de Actualidad Venezuela.