¡Es así! Hoy el Estado celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, algo bastante discorde a la realidad del país, pues tan solo en 2015 por cifras conocidas, han asesinado a 6 adolescentes, han habido 270 detenciones en manifestaciones, 2 presos y 131 medidas cautelares, además por supuesto de la situación que actualmente se vive con los denominados presos políticos.
Pese a ser un día de «celebración», este inicia con balance negativo en esta materia, de acuerdo con los informes emitidos por ONG dentro y fuera del país. Cofavic, Provea y Fundeci coinciden en afirmar que el gobierno iniciado en 1999 con Hugo Chávez y sustituido por Nicolás Maduro en 2013 desaprovechó una “oportunidad de oro” para convertir a Venezuela en un Estado garante del respeto y la promoción de los derechos humanos.
En lo que va de año se han registrado 270 detenciones en manifestaciones, 131 medidas cautelares, 2 presos, y han sido asesinados 6 adolescentes. En los últimos días organismos internacionales han condenado la situación de los derechos humanos en el país.
Liliana Ortega (Cofavic) alertó sobre la trampa que subyace en los discursos oficiales que individualizan los derechos humanos, resaltando políticas aisladas de protección. Destacó que todos los derechos humanos son interdependientes: “No es posible garantizar unos y otros no. ¿Cuántas personas que tienen una vivienda digna han perdido un ser querido por inseguridad o por la falta de un medicamento? A 26 años del Caracazo, el Estado no aprendió la lección”.
María Esperanza Hermidia (Provea) considera que el Estado está reprobado en materia de derechos humanos. Sostuvo que buena parte de los problemas económicos que condujeron al Caracazo se han reproducido, se mantiene la impunidad, ha reaparecido la censura y las normas que justifican la represión son preocupantes. Coincidió con Ortega en que el Estado no rectificó sus políticas de seguridad y control de manifestaciones.
“Una imagen muy lamentable, que copia lo que pasó en febrero y marzo de 1989, fue el asesinato del adolescente en Táchira por parte de un policía nacional bolivariano”, recordó.
La presidente de Fundeci, Elenis Rodríguez, indicó que el saldo del Estado es especialmente negativo en el derecho a la vida. Advirtió que a la represión y a la criminalización de la disidencia se suma un patrón de imputación de ciudadanos por asociación para delinquir por exigir al Estado cumplir sus obligaciones: “Aquí el único que conspira es el presidente Maduro, que ordena, en cadena nacional, detener a la gente y sacar a la Fuerza Armada a la calle”.
Rodríguez aseveró que “el Ministerio Público ha institucionalizado la impunidad para no castigar a los adeptos al gobierno” y mostró preocupación por el uso de ‘patriotas cooperantes’ y testigos encubiertos para enjuiciar a los adversarios.
Amnistía Internacional divulgó esta semana su informe 2014, que registra la respuesta del Estado durante las protestas del año pasado y condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las torturas y malos tratos, la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, la injerencia gubernamental en el sistema de justicia, la impunidad y las condiciones de reclusión.
Con información de El Nacional.
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