Este lunes la Casa Blanca aprobó la sanción de siete funcionarios del gobierno venezolano, por sus implicaciones en la violación a derechos humanos y actos de corrupción.
Entre ellos se encuentran Manuel Gregorio Bernal Martínez, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Gustavo Enrique González López, exdirector general del Sebin, quienes están vinculados a los homicidios que se produjeron el 12 de febrero del año pasado durante una protesta del sector opositor.
Las muertes de Bassil Da Costa, Juan Montoya y Robert Redman motivaron la destitución de González López del cuerpo de inteligencia política del país, una vez que se demostrara a través de videos que efectivos de la institución dispararon en contra de los manifestantes ese día. Bernal Martínez fue el hombre que asumió el mando del Sebin.
Nueve funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado están imputados por el caso de Da Costa. El principal acusado es el comisario del Sebin José Perdomo Camacho, quien se declaró inocente durante el juicio. Otros seis compañeros de Perdomo, un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana y un sargento segundo del Ejército están siendo juzgados por el caso de Da Costa.
El exministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, delegó en el Sebin las labores de inteligencia para desarticular las protestas de los jóvenes opositores en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Varios de los procedimientos en los que se detuvo a los supuestos líderes de las manifestaciones, conocidas como “guarimbas”, fueron realizados por agentes del Sebin.
En la sede de esta institución permanecen recluidos Gerardo Carrero, Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles. Abogados de los estudiantes que participaron en manifestaciones el año pasado aseguran que a manera de castigo los confinan en una celda conocida como “La Tumba”, en la que no tienen contacto con el exterior ni espacio para estirar el cuerpo, lo que consideran una grave violación a los derechos humanos. Han denunciado la situación a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo.
Las sanciones de EEUU alcanzan también a la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, quien es acusadora de los hechos de “golpismo” y “magnicidio” imputados al alcalde Anonio Ledezma, la ex diputada María Corina Machado y otros dirigentes opositores.
12F un año después: el video de la muerte de Bassil Dacosta con las respuestas
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Con información de Contrapunto