La aprobación de la Ley contra la Tortura fue saludada por las Naciones Unidas. Sin embargo, en esa instancia consideran que ese instrumento debe ser ajustado porque “presenta carencias” tales como que “sólo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público” o no castiga que “funcionarios públicos (…) hayan instigado o consentido actos de tortura infligidos por personas naturales”. La recomendación la formuló el Comité contra la Tortura en el informe con el que dio por cerrada la evaluación a la que el mes pasado se sometió Venezuela por esta materia; y en el cual también expresó “su preocupación” por la escasa información que recibió de las autoridades en tópicos como el relacionado a las sanciones impuestas a torturadores.
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El Comité también manifestó su “inquietud por el hecho de que la Defensoría del Pueblo parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura”. La apreciación se produce justo cuando el proceso de renovación de esa instancia está en puertas y, aunque con retraso, podría realizarse en el primer trimestre del año que viene.
Precisamente en marzo de 2015 el Comité de Acreditaciones del Consejo de Derechos Humanos evaluará el cumplimiento de los parámetros internacionales por la Defensoría del Pueblo y decidirá si le renueva la acreditación tipo A, que ostenta en la actualidad y que le da pleno reconocimiento internacional. O si, por el contrario, la baja de categoría, reseñó La Patilla.